SEGUNDA PARTE (CONTINUACION)

 

Capítulo VI. la encrucijada del 68: La batalla en un marco regional y la nueva orientación política

  

A partir de octubre de 1868, la revista de Vitoria modifica su tono y su contenido para hacerse un órgano de prensa abiertamente político. Es el síntoma de un cambio de actitud por parte de las personalidades que animan dicha publicación y de los grupos a quienes aquellas representan. La actualidad ocupa ahora la mayor parte de las páginas del Semanario.

El nuevo régimen ha desplazado del poder a los moderados, que gozaban de la simpatía de nuestro periódico; la alianza más o menos tacita entre el Estado y la Iglesia ha sido rota y esto era precisamente lo que confería un carácter «católico» al sistema isabelino pese a sus instituciones «parlamentarias». Poco importa que los que acaban de apoderarse del poder den garantías de moderación y sean más conservadores que lo que aparentan; la revista vitoriana se muestra más intransigente que nunca con respecto al Liberalismo. Su oposición de repulsa no es ya únicamente doctrinal, teórica, sino también política. Desencadena una campaña de prensa incesante contra el nuevo régimen; todas las decisiones del Gobierno van a ser despiadadamente combatidas. En los últimos meses de 1868 y a lo largo de 1869, el problema de la libertad de cultos y el de la separación de la Iglesia y del Estado constituirán su caballo de batalla. Y es natural, pues la tutela que la Iglesia ejerce se ve amenazada.

Gracias a los Fueros, el poder regional no cambia de manos por el momento. Diputaciones y ayuntamientos vascos están dirigidos por «católicos», con una excepción, sin embargo: la Diputación de Guipúzcoa que en 1869 va a estar controlada por adictos a la «revolución». No tardará en surgir un conflicto entre la Iglesia y las nuevas autoridades forales de Guipúzcoa. Por consiguiente, los moderados siguen detentando buena parte del poder regional, pero se sienten amenazados. Conviene pues conservar y, si es posible, consolidar su dominio de la región. Así, las preocupaciones fundamentales  del Semanario pueden clasificarse en tres grupos: la unidad religiosa, el problema «Guipuzcoano» y la repulsa total del Liberalismo.

 

La unidad religiosa

Antes de que se decrete la libertad de cultos, el periódico reanuda la polémica contra tal proyecto en un marco regional. Tres publicaciones vascas que apoyan al régimen van a ser el blanco de sus ataques.

Frente a Irurac-bat, el Semanario sostiene que la libertad de cultos sería una catástrofe para España, país tan católico que hasta los más depravados, y de manera especial las mujeres, solicitan el amparo de la Iglesia en el momento de la muerte. Si España renuncia a la unidad religiosa deja de ser España.[1]

La unidad es una garantía de orden público y la revista menciona el ejemplo de Francia y de Inglaterra donde la libertad religiosa ha originado numerosos disturbios.[2] Esa libertad contradice las tradiciones y leyes españolas, por lo cual no es aplicable; el matrimonio, la familia, la herencia, el código penal, la beneficencia publica y la educación nacional serían inadecuados. La libertad de enseñanza daría lugar a escuelas y universidades rivales que comprometerían la paz social.[3]

En noviembre y diciembre, nuestra revista polemiza con un cura que justifica y defiende la libertad de cultos en Aurrera y El Norte de España, periódicos liberales de San Sebastián. El sacerdote liberal afirma que si la libertad de cultos hubiera existido en la Roma antigua numerosos martirios se habrían evitado; los apóstoles, por su parte, prosigue, eran favorables a esa libertad.

La unidad religiosa, por el contrario, no es más que un monopolio espiritual de la Iglesia que da lugar al empobrecimiento de la doctrina, la corrupción del clero y la ignorancia de los fieles. Gracias a la libertad, concluye, Francia, Suiza y los Estados Unidos tienen una más depurada.

El Semanario contesta con detenimiento a los argumentos expuestos por su adversario.[4] La intolerancia de la Roma antigua no era comparable de ningún modo con la nuestra, afirma el articulista, pues los romanos estaban en el error y nosotros no; el cristianismo ha suavizado las costumbres y ya no se tortura a los herejes como hacían los paganos. Los apóstoles nunca reclamaron la libertad religiosa por la simple razón que está libertad existía ya para las demás religiones, pero, suponiendo que lo hicieran, la libertad era menos mala que la intransigencia de las autoridades romanas contra los cristianos. La libertad religiosa puede ser un bien en países que no son católicos; en España, por el contrario, esa libertad equivaldría a abrir al enemigo las puertas de la fortaleza. En Francia y en Suiza, esa libertad no ha aportado ningún bien; en los Estados Unidos, se aplica mejor; a causa de la multitud de razas que viven en aquel país, la convivencia de religiones es casi inevitable, pero quizá esa diversidad religiosa sea parcialmente responsable de la violencia que allí se ha presenciado en la reciente guerra civil.

Pese a la unidad religiosa, es cierto que sigue habiendo fieles ignorantes en España, pero ello se debe a la escasez de curas. En cuanto a la corrupción de estos, no hay más que calumnia e injuria en las declaraciones del sacerdote liberal. A este respecto, la revista vitoriana desencadena un ataque grosero contra ese sacerdote, a quien acusa, lo mismo que a los que comparten sus ideas, de estar imbuidos de concepciones paganas. Por fortuna —añade— sólo hay una minoría de clérigos liberales, odiados por la mayoría del pueblo español. Este, por su parte, nunca ha reivindicado la libertad religiosa.

El Semanario responde también a El Norte que pretende que la intransigencia del periódico vitoriano es incompatible con el catolicismo vasco, tradicionalmente enemigo de la «mojigatería».[5]

18  Ortiz de Zárate aborda el tema en un tono más serio. La libertad de cultos —dice— es un problema que influye en lo social y en lo político y por ello debiera examinarse en otro momento, cuando se hayan calmado las pasiones. Como España ha sido siempre un país uniformemente católico, la libertad de cultos provocaría la división inútil de los Españoles. Por otro lado, prosigue, esa libertad es un contrafuero, pues los Fueros vascos prohibían la entrada en la región a los judíos, musulmanes, conversos y hasta cristianos nuevos:

»Conservar la pureza de su sangre, de sus costumbres, de sus leyes, de su idioma, ha sido siempre el bello ideal de la familia vascona..

Dios y Fueros ha proclamado y proclama siempre el pueblo cantábrico».[6]

Por tanto, la libertad de cultos es heterodoxa, desde el punto de vista religioso, inoportuna, en lo político, y, además, ilegal en el País Vasco, en virtud —debemos comprobarlo— de criterios racistas contenidos en el Fuero y reafirmados por Ortiz de Zárate y sus amigos.

Sin embargo, la ley que instituye esa libertad va a ser promulgada y la reacción del Semanario no se hace esperar. En su editorial del 7 de mayo de 1869, acusa al régimen de haber faltado a sus compromisos, lo que suministra la ocasión a nuestra revista de lanzar una violenta diatriba contra las nuevas instituciones.

Cuando el alzamiento de Cádiz, dice, los revolucionarios manifestaron el deseo de asociarse con la Iglesia para poner fin a la corrupción imperante, pero el Gobierno no ha cumplido con su palabra. Desde el principio, algunas juntas se apresuraron a tomar medidas que han conducido inevitablemente a la anarquía. El Gobierno, por su parte, en lugar de restaurar el orden, se ha dedicado, al contrario, a institucionalizar esa anarquía, cuya imagen más acabada se da en el Parlamento:

«... producto de la intimidación y de las coacciones mayores que se han visto desde que hay elecciones en España... maquina de votos cuyo manubrio empuñan cuatro o cinco «mecaniciens», y por un modo de transmisión desconocido en la cinemática recibe impulso de muy lejanas tierras».

Hay oradores ateos —prosigue— que insultan a la Iglesia y niegan a Dios; las leyes que la Asamblea vota privan al Clero de libertad. Se expropia a este: se suprime la ayuda del Estado a los Seminarios, queda abolida la beneficencia. En nombre de la libertad de asociación, se expulsa a los jesuitas; la libertad de enseñanza da lugar al cierre autoritario de muchos colegios; los clérigos se ven ultrajados y reducidos a la miseria. En cuanto a la administración, ya mala en el régimen anterior, se ha empeorado aun. El impuesto impopular de consumos ha sido suplantado por otro más oneroso. La situación de la Hacienda es deplorable:

«... la nación... ha visto en pocos meses, a más de consumido su presupuesto, aumentada su deuda en tres o cuatro mil millones, despreciados nuestros valores hasta ser ludibrio en todas las bolsas, amenazada de muerte la industria».

Evidentemente, no todas la censuras que el Semanario formula carecen de fundamento, pero la acusación de corrupción electoral, que lanza contra el nuevo régimen, no deja de ser pintoresca. Eso significa que, sintiéndose amenazada en los intereses que defiende, la revista de Vitorias alza la voz y recurre a todo tipo de argumentación. La polémica sería deja paso a menudo a la acusación gratuita y a una campaña de propaganda carente de honradez intelectual y hasta de buen gusto. Junto a los reproches que hace al Gobierno por la medidas concretas que este toma, el Semanario atribuye con malevolencia a las autoridades intenciones extremadas o deforma la política gubernamental para alarmar a la opinión publica. más que informada, está última se ve sometida a un intento de «intoxicación»

 

Campaña de agitación: el conflicto de Guipúzcoa

 

Nuestra revista da cuenta de la protesta de las «señoras de Sevilla» (en realidad, algunas damas de la buena sociedad) contra h probable decisión del Gobierno de destruir 57 iglesias en aquella ciudad.[7] Se indigna también ante la inminente cesión —según pretende— de templos católicos a los judíos y a los protestantes.[8] En otro espacio, relata con complacencia la campaña antigubernamental de las mujeres «católicas» y la llegada al ministerio de una delegación compuesta de tres marquesas que presentan un escrito firmado por 18.000 señoras. Varios obispos, sigue diciendo, invitan a la población a desobedecer a la ley que instituye la libertad de cultos. Un mensaje de adhesión al Papa ha recogido más de diez millones de firmas.[9] Otras protestas tienen por objeto combatir la ley que reforma los conventos.[10]

El Vaticano, por su parte, alienta estas campañas.[11] Una asociación «científica y literaria», llamada Juventud Católica. va a ser creada con el fin de defender la unidad religiosa al margen de las opiniones políticas de sus adeptos, pero entre los fundadores figuran aristócratas que declinaran más tarde su condición de carlistas. El Semanario finge creer en el apoliticismo de esa asociación.[12]

Si la libertad de cultos es, en 1869, el caballo de batalla de nuestra revista, está ataca también otros proyectos, reales o imaginarios, del Gobierno. Algunos de esos proyectos serán en los meses siguientes los principales temas de propaganda del periódico. Es lo que ocurre con el juramento de fidelidad a la Constitución que se exige a los clérigos.[13]

La agitación contra el nuevo régimen, que toma como pretexto las leyes que este adopta para laicizar el Estado, se inserta en una campaña política de las derechas y de su prensa en toda España; el conflicto que estalla en Guipúzcoa entre las nuevas autoridades forales y el clero ofrece al Semanario la ocasión de emprender una batalla en el frente regional.

La querella surge con motivo del arreglo del Clero. Guipúzcoa, fiel a una tradición ya establecida, se apresura a entronizar autoridades liberales. Las Juntas de Fuenterrabía de julio de 1869 votan un proyecto de subvención del clero. Considerando que este en Guipúzcoa se ve retribuido de manera irregular (sea con arreglo al sistema caduco del diezmo, sea gracias a un impuesto nuevo creado con esa finalidad, sea por medio de un sistema mixto), que las cantidades cobradas por sacerdotes de la misma categoría varían según las localidades, que el Obispo, encargado de resolver ese problema aplicando las disposiciones del Concordato de 1851, ha dejado subsistir una situación anacrónica y anárquica y teniendo en cuenta que es del deber de las autoridades provinciales y no del Gobierno el encontrar una solución a tan importante negocio, deciden dichas Juntas suprimir el diezmo y crear en su lugar un nuevo impuesto, regular y uniforme, que grave las propiedades rústica y urbana. En consecuencia, la Diputación invita a los ayuntamientos a crear comisiones apropiadas que se encarguen de aplicar esas disposiciones y de repartir equitativamente el nuevo impuesto con la aquiescencia de los sacerdotes. Las autoridades provinciales fijan honorarios uniformes para cada una de las tres categorías del clero y determinan el número de eclesiásticos correspondientes a cada municipio con arreglo al número de habitantes.

Los curas protestan inmediatamente y acusan al Diputado general de abuso de poder en materia de administración eclesiástica y de fijar un contingente de sacerdotes insuficiente y mal pagado. Responde aquel lacónicamente que se ha limitado a cumplir con su deber, es decir, a aplicar una decisión de las Juntas. Siguiendo las instrucciones de la Diputación, Oyarzun reduce el número de clérigos.[14]

El Semanario declara la guerra a la Diputación de Guipúzcoa. está última —dice— disminuye los ingresos del clero y no prevé ninguna ayuda en caso de jubilación, enfermedad o incapacidad, al mismo tiempo que se desentiende de la conservación de los templos. Tal comportamiento es revolucionario y libre-cultista y viola un acuerdo internacional firmado por el gobierno español; la actitud de la Diputación es «despótica, tiránica y arbitraria».[15]

 

[1]  V del 23/10/68

[2] Id. del 30/10/68

[3] Id. del 6/11/68

[4] Id. del 27/11, del 4/12 y del 11/12/1868.

[5] Id. del 2/4 y del 17/4/1869

[6] Id. del 13/11/68 y del 15/1/69.

[7] Id. del 30/10/68.

[8] Id. del 6/11/68.

[9] Id. del 13/11, del 27/11. del 4/12 y del 11/12/68.

[10] Id. del 20/11/68

[11] En febrero y marzo de 1869. sobre todo

[12] Entre los escritos que emanan de los jerarcas de la Iglesia es interesante analizar de cerca el del Obispo de Pamplona. Deplora los malos tratos de que es victima el clero y Cita ejemplos de localidades lejos de Navarra (y por ello difícilmente comprobables para los navarros). pues está provincia. dice, es una excepción. Pinta un cuadro sombrío:

«...monjas arrojadas a la calle. curas que emigran al extranjero. los pobres que ahora no son socorridos».

La raíz de los males, prosigue, es la libertad religiosa. que ha provocado ya en los EE.UU. una guerra horrible y que en España zapa los fundamentos de la familia y de la sociedad. Algunos pretenden que con tal medida van a atraer capitales extranjeros, pero estos no vienen, y ello a causa de la inestabilidad política:

«...Cúlpese ante todo a la inseguridad de la cosa publica y al continuo estado de alarma en que hace años venimos agitándonos...»

Por otra parte, añade. el genio español es más favorable a la agricultura, pues el trabajo en el campo es más soportable que en la fabrica o en la mina. Por eso es vano querer atraer capitales extranjeros cuya llegada no es tampoco deseable.

«Cuanto más valdría que en vez de pensar en la quimérica aclimatación de ricos extranjeros no católicos, se pensase seriamente en evitar esa incesante migración de nuestra juventud, esa horrible «trata de blancos» que está acabando con la población de nuestras montanas.»

El obispo prefiere, pues, una sociedad tradicional predominantemente rural y atribuye la crisis contemporánea a los desordenes provocados por las nuevas ideologías:

«Los males provienen de la guerra. Una guerra que dura desde hace cien años entre el poder católico y el racionalista».

Ya es hora, concluye. de hacer frente a «ese comunismo que se nos viene encima» gracias a la relajación provocada por la libertad religiosa. que sólo es un pretexto para facilitar la implantación del protestantismo:

«... del vestido asqueroso del protestantismo ... quisiera hacerse... vestido de gala para el religioso pueblo español».

El mismo obispo ha dado lugar a un incidente en Pamplona, censurando a un profesor de la Escuela Normal que práctica simplemente la libertad de Cátedra y que es acusado por el Prelado de corromper a la juventud.

Número del 12/3/1869

[13] El Semanario protesta con vehemencia contra lo que califica de pretensión inadmisible del gobierno y da cuenta con detenimiento de la actividad de sus amigos que organirzan con tal motivo una vasta agitación.

Números del 11/6, 9/7, 23/7, 2/8 y 10/9/1869.

[14] Nº del 10/9/1869

[15] El diezmo no es obligatorio sino voluntario. escribe. Al suprimir una contribución voluntaria y al sustituirla por otra obligatoria. al impedir que los feligreses y los curas ft entiendan amistosamente como lo han hecho hasta ahora. la Diputación obra despóticamente despreciando al clero y a los ciudadanos. Es hipócrita cuando invoca el Concordato de 1851, pues traiciona el espíritu de este. Al prohibir a los pueblos que tengan más curas que los que fijan las autoridades provinciales, la Diputación viola la libertad religiosa de sus administrados y se enfrenta con las mejores tradiciones del País. No sorprende por tanto, añade el articulista, que el pueblo experimente profunda malestar:

« ... llena de consternación y espanto a los buenos cristianos que son todos los guipuzcoanos, con levísimas excepciones...»

Eso se suma a otros descontentos:

«...movimiento de disgusto creciente a todo cambio del sistema económico...»

Según el periódico. las medidas adoptadas por la Diputación descontentan a todos. En efecto, el diezmo tiene la ventaja de ser proporcional a la cosecha de cada cual y los ingresos del clero son así proporciónales a los de los campesinos: comparten con éstos abundancia y penuria. Por el contrario, los honorarios fijos podrían parecer excesivos y hasta escandalosos en años de escasez:

«...dad del clero una renta fija, y le divorciáis del pueblo, y le hacéis odioso, pues cobra igual en los años aciagos que en los venturosos».

Al contrario, la unión del pueblo y del clero es una garantía de armonía social. Por eso  la mayor parte de los propietarios desean el mantenimiento del diezmo:

«...la mayoría de los propietarios desea que sus inquilinos continúen pagando los  diezmos y primicias, sistema que une la suerte del clero a la del pueblo, y que los convierte en una misma familia, con inmensas ventajas sociales».

Su supresión, según nuestra revista, ni siquiera favorece a los anticlericales, que se reclutan entre las capas urbanas (obreros, comerciantes, artesanos), obligados, como los demás, a pagar un impuesto suplementario.

Este largo artículo lo firma Un Vascongado y se publica en el Nº del 24/9

 

 

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