El asombroso juicio político contra la dirección de una agrupación electoral de la izquierda vasca que ha utilizado su libertad de expresión para defender la única alternativa democrática y de paz presentada en el largo litigio que enfrenta Euskal Herria con el Estado, rasga con contundencia la esperanza de paz, democracia y libertad para nuestro pueblo. 

El juicio refleja el intento de consolidación de una situación en la que todo es libre para los enemigos de las reivindicaciones democráticas y las libertades, y en la que nada es posible para los que defendemos nuestro derecho a la existencia como pueblo diferenciado.

La ofensiva jurídico-política de la clase política del gobierno español, de los medios de comunicación social y del poder judicial, tiene como objeto penalizar toda rebeldía, eliminar toda libertad de expresión y amedrentar las iniciativas sociales de los sectores desfavorecidos y dominados. Aquí y ahora, se trata de presentar a los y las disidentes y a las víctimas de su política antisocial, totalitaria y genocida como simples agresores terroristas o meros colaboradores de estos últimos. La lógica dominadora, imperial y antisocial del Estado Español sobrevive solo generando la cultura de la sumisión y aplastando consiguientemente todo atisbo de insumisión real, imponiendo su "autoridad" y sustituyendo la diversidad nacional y la argumentación, por la españolización y la coerción.

En el fondo de la cuestión está esa transición democrática, que niega a nuestro pueblo su derecho a la existencia y a la Autodeterminación, estableciendo además una dialéctica entre el poder dominante (ejército, aparato del estado, estructura legal, justicia) y el poder temporal (ejecutivo y legislativo) de manera que la nueva clase política opta por limitar el proceso de democratización, diseñar un frente nacional español y priorizar sus intereses propios, haciendo cuerpo con el poder permanente en la represión de los sectores sociales que reivindican los derechos democráticos y de los pueblos que defienden su libertad y autodeterminación.

La transición política española ha fabricado artificialmente, privilegiando la bipolarización (social, política y sindical, estatal) y utilizando partidístamente los medios públicos de comunicación social, una "mayoría democrática" que reproduce la antigua mayoría silenciosa del franquismo, que antes y ahora han estado siempre con el poder. La creación política de esta "mayoría" viene pareja con un diseño específico para la mal llamada democracia del Estado Español. En primer lugar, se implanta un funcionamiento político que en nombre de la mayoría niega los derechos básicos y fundamentales de la minoría y de la disidencia. En segundo lugar, la "democracia española" extiende esta lógica al interior del Estado-Nación, utilizando la nación española mayoritaria y dominadora para negar los derechos nacionales de las nacionalidades oprimidas, demográficamente más débiles. En tercer lugar se trata de "satanizar" toda lucha de estas minorías disidentes y de estas nacionalidades, considerándolas incompatibles con su funcionamiento democrático y justificando así la coerción, la españolización y la represión. 

El nuevo espíritu de Ermua-Las Ventas, articula masivamente los medios de comunicación para crear una realidad virtual que movilice a los sectores autoritarios, al miedo, al nacionalismo español, al racismo, y a todos los interesados materialmente en el status quo actual, contra la posibilidad de un cambio. En el nuevo espíritu de Ermua-Las Ventas aparece meridianamente claro que todos los medios son lícitos para el Estado por muy manipuladores, antidemocráticos, falsarios y realmente terroristas, que estos sean, en la lucha contra Euskal Herria. Se explica así el linchamiento que los medios de comunicación ejercen sobre la Mesa Nacional, buscando desviar sus responsabilidades (históricas y presentes) en la obstaculización sistemática de cualquier salida democrática al conflicto. Su abierta presión y beligerancia exigiendo una condena ejemplar, plantea además, de manera escandalosa, una magna ingerencia en la resolución judicial.

Si antes, el nacionalismo racista español, trató de ubicar a través de la constitución qué reivindicaciones democráticas eran legítimas y cuales no lo eran, el objetivo del juicio actual es declarar ilegítimas aquellas "opiniones" que redunden a favor de Euskal Herria, criminalizando su proyecto político. Se intenta también criminalizar toda salida política negociada y democrática en el contencioso vasco, condenando judicialmente a nuestra alternativa democrática. Como se viene reiterativamente insistiendo desde diversos autores, el Estado pretende procesar "la única alternativa que puede traer la paz".

Está también en cuestión el futuro democrático de los pueblos de Europa. Así, mientras el gobierno inglés ha optado en Irlanda por la vía del diálogo, el gobierno español se encierra en la exclusiva vía represiva, tratando de que su peculiar lógica de españolismo y coerción sea homologada contra los pueblos europeos por otros Estados-Nación. Es acertada en este sentido la carta pública de la liga celta que califica a España de dinosaurio político que quiere mantener la Nación-Estado del siglo XIX , mientras que" Europa mira hacia el nuevo milenio desde una diversidad de pueblos que disfrutan de su autodeterminación." 

Resalta también en este procesamiento el nefasto aplauso autoritario y el silencio hipócrita de los que autodenominándose demócratas, nunca aportaron otra cosa que fascismo, nacionalismo granespañol, mezquindad, autoritarismo y sumisión. Pero las negras capas de los inquisidores de España no podrán ocultar la luz del sol y ni siquiera la claridad de las mazmorras. En este contexto, el juicio contra la mesa nacional de H.B. es un juicio contra la dignidad, expresada en esos 23 magníficos exponentes de la resolución democrática del conflicto vasco, emisarios y emisarias de la única apuesta de paz y estandartes de la voluntad de vivir de nuestro pueblo.

Antxon Mendizabal 
Sagra Lopez