Amnistía, como todo el mundo sabe, es una palabra de origen griego, que significa olvido de lo pasado. El concepto jurídico de la amnistía coincide con su significación etimológica. Cuando un Gobierno concede una amnistía, quiere decir que olvida los hechos que dieron lugar a la sanción penal, por lo que ésta queda anulada.

El Partido Comunista de España, ha presentado a las Cortes Constituyentes, por mediación del modesto diputado que escribe estas líneas, un proyecto de ley de Amnistía genera para todos los obreros, soldados, marinos y ciudadanos de todas clases, detenidos o condenados por supuestos delitos de índole política o social. Se excluye de la amnistía en nuestro proyecto de una manera expresa, a los delincuentes que dirigieron su acción delictiva contra la masa obrera y campesina. En nuestro proyecto no se menciona a los presos por delitos comunes, víctimas de la presente organización social —y sirva esto de explicación a los numerosos reclusos que me escriben— porque el artículo 102 de la Constitución de la República, prohíbe terminantemente los indultos generales, si bien estudiamos una fórmula que haga esto viable.

Los que más discusiones ha promovido, no sólo en los medios monárquicos, sino también entre ciertos elementos anarquistas, notoriamente influidos por la ideología pequeñoburguesa, es nuestra negación de amnistía par los delincuentes  reaccionarios. Por eso quiero aclarar en este breve artículo el sentido de nuestra propuesta.

Pedimos la amnistía para los presos revolucionarios porque los obreros, campesinos, soldados y marineros encarcelados por haber luchado frente a la reacción en defensa del bienestar y la libertad del pueblo no merecen ser castigados, sino, al contrario, enaltecidos ante la conciencia popular como un plausible ejemplo de dignidad civil. Y esto no sólo es válido para los comunistas, sino también para cualquier demócrata sincero, ya que los presos revolucionarios dirigían y seguirán dirigiendo sus esfuerzos libertadores contra los zarpazos de toda la contrarrevolución, se toque con gorro frigio, o con corona real.

No podemos pedir en cambio, la amnistía para los delincuentes reaccionarios, porque los que mataron o ayudaron a matar a los campesinos de Casas Viejas y a las mujeres y los niños inofensivos de Arnedo y a los mártires del parque de María Luisa, y a los otros trescientos trabajadores honrados, caídos en la fosa de la contrarrevolución, desde que vino la República, no son, en modo alguno, inocentes. Son culpables y deben responder ante el pueblo del crimen más monstruoso imaginable, cual es el de asesinar a mansalva a seres indefensos, prevaleciéndose de la superioridad de condiciones.

Hay otra razón de carácter práctico para formular nuestra amnistía de clase, y es la de que el Gobierno republicanosocialista, que en su odio contra los prisioneros revolucionarios alega para negarse a libertar a los nueve mil trabajadores, la imposibilidad en que se encuentra de amnistiar a los delincuentes reaccionarios, estando, como estamos, bajo la amenaza inminente de un nuevo complot monárquico. Pues bien: el problema tiene una solución muy sencilla: soltar a os presos honrados, amigos de la revolución, y dejar en la cárcel a los presos indignos, enemigos del pueblo.

Algunos señores anarquistas —y los llamo señores, porque nada tienen que ver con los anarquistas de abajo— discrepan en absoluto de nuestra opinión. No ha de esforzarme en persuadirlos. Esos jefes anarquistas pueden permitirse la libertad —ya que se permiten tantas otras cosas— de colocar en el mismo plano legal a los campesinos de Casa Viejas encarcelados por haber perdido la tierra que es suya, y al capitán Rojas, autor material de los asesinatos de Casas Viejas, y al general Sanjurjo, que se proponía realizar como primer acto de su Gobierno una matanza general de obreros y campesinos españoles. Lo que yo puedo afirmar es que el pueblo trabajador no piensa de este modo.

El pueblo no pierde el tiempo en discutir filosóficamente sobre si los asesinos de los trabajadores deben ser castigados en nombre de la justicia absoluta, según la teoría del Carrara, o en nombre de la defensa social, según la teoría de  von List, pero el pueblo sabe y dice a gritos con instinto certero que los nueve mil trabajadores presos deben ser libertados, y que los asesinos de los trabajadores no deben quedar en libertad de continuar la serie de sus crímenes. Yo he sostenido esta teoría el domingo pasado en una pradera de Turón, delante de diez mil trabajadores auténticos, de todas las tendencias, y todos ellos me mostraron su conformidad de la manera más entusiástica.

En vista de ello, me permito llamar la atención de los obreros honrados de la Confederación Nacional del Trabajo, con los cuales yo no he reñido, ni reñiré jamás, acerca de la conducta de ciertos jefes anarquistas que se han convertido de repente en los defensores más acérrimos de los bandidos monárquicos, se introducen a veces, sin que sea fácil evitarlo, agentes de policía que cumplen lo mejor que pueden su papel repugnante de desorientar y confundir a la clase oprimida.

No diré que todos los partidarios de una amnistía general y absoluta, sin distinción de clases, sean agentes policíacos, pero sí afirmo con toda rotundidad lo siguiente: “El que llamándose obrero, o amigo de los obreros, diga que da lo mismo libertar a los trabajadores honrados que libertar a los asesinos de los trabajadores, si no es un perfecto canalla, vendido a la burguesía, es, por lo menos —y para el caso viene a ser igual—, un perfecto idiota del que nadie debe hacer caso.

José A. BALBONIN

 

 

euskadi roja

ORGANO en EUSKADI del PARTIDO COMUNISTA (S.E. de I.C.)   PORTAVOZ de los SINDICATOS REVOLUCIONARIOS

Año I, San Sebastián, 1 Julio 1933 nº 15

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